ABOGADOS ALGECIRAS INDEMNIZAPLUS

Abogados especialistas en accidentes de tráfico y cláusulas suelo

Monthly Archive noviembre 2017

Poradmin

Carnet sin puntos: El Supremo establece que conducir habiendo perdido todos los puntos es delito y no falta administrativa

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el carnet sin puntos, es decir, estando el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo, en tres recientes sentencias, fija este criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito del artículo 384.1 del Código Penal la acción de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, se requería que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro «in abstracto».

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. “La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día”, dice el Supremo.

Conductor con carné español sin puntos y permiso portugués

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

El canje del permiso de conducir se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. “Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos”, indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.
“De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos”, indica la resolución.

En ese sentido, recuerda que lo que se imputaba al acusado no era conducir sin permiso, situación en la que la titularidad del permiso portugués haría la conducta atípica, sino que se le acusa de conducir en España cuando media resolución firme de pérdida de vigencia del permiso de conducción, conducta típica que concurre en el caso que nos ocupa.

En suma, “no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico”.

Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

Poradmin

La Audiencia de Castellón anula una cláusula abusiva de un contrato bancario de VISA CITIBANK por el tamaño de la letra

La Audiencia de Castellón anula una claúsula abusiva de una tarjeta VISA CITIBANK por el tamaño de la letra.
Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra, tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura.

Así consta en un auto dictado por la Sección Tercera que admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

En esa misma resolución, la Sala limita las pretensiones de la entidad financiera al permitirle reclamar sólo el principal de la deuda (4.600 euros) pero no así los intereses (766 euros) ya que anula la cláusula que los fija porque la tipografía en que está redactada es tan reducida que para su lectura no basta con el uso de unas gafas sino que se necesita una lupa.

Según el auto, “la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas”.

El texto íntegro de la sentencia es el siguiente:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN
SECCIÓN TERCERA
Rollo de apelación civil número 299 de 2.017
Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Vila Real
Juicio Monitorio número 6 de 2.017
AUTO NÚM. 211 de 2.017
Ilmos. Sres.:
Presidente:
Don JOSE-MANUELMARCO COS
Magistrados:
Don ENRIQUE-EMILIO VIVES REUS
Doña ADELA BARDÓN MARTÍNEZ
_____________________________________
En la Ciudad de Castellón, a siete de septiembre de dos mil diecisiete.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos.
Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos,
interpuesto contra el Auto dictado el día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete por la
Sra. Juez sustituta del Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Vila-real en los autos de Juicio
Monitorio seguidos en dicho Juzgado con el número 6 de 2017.
Han sido partes en el recurso, como apelante, Estrella Receivables LTD, representado/a
por el/a Procurador/a D/ª. Sonia López Roch y defendido/a por el/a Letrado/a D/ª. Jose
Palleja Monne.
Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Enrique-Emilio Vives Reus.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte Dispositiva del Auto apelado literalmente establece: “Que SE
INADMITE el presente procedimiento monitorio presentado por ESTRELLA RECEIVABLES LTD
contra D. XXX, al no acreditarse deuda vigente alguna, una vez declarada la abusividad de algunas
de las cláusulas del contrato.-“.
SEGUNDO.- Notificado dicho Auto a las partes, por la representación procesal de
Estrella Receivables LTD, se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, en escrito
razonado, solicitando se dicte Auto acordando la admisión de la demanda monitoria.
Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a
esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos.
Por Diligencia de Ordenación de fecha 25 de abril de 2017 se formó el presente Rollo y
se designó Magistrado Ponente, y por Providencia de fecha 15 de junio de 2017 se señaló
para la deliberación y votación del recurso el día 20 de julio de 2017, llevándose a efecto lo
acordado.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales de orden procesal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la entidad “Estrella Receivables LTD” se presentó el 30 de diciembre
de 2.016, demanda de juicio monitorio contra D. XXX, en reclamación de la cantidad de
5.387,67 euros. Se fundamenta la pretensión de la parte actora en los siguientes hechos,
expuestos en síntesis: El demandado solicitó una tarjeta de crédito VISA Citibank, entidad
que acordó la cesión parcial de los activos y pasivos de tarjetas de crédito a Banco Popular,
S.A., quien a su vez cedió a la entidad hoy demandante el crédito de la presente
reclamación, cesión que fue notificada al demandado, quien no ha cumplido con su
obligación de pago en las fechas establecidas, adeudando la cantidad que se le reclama.
Por providencia de fecha 18 de enero de 2.017, el juzgado acordó dar traslado a las
partes a fin que pudieran alegar lo que tuvieran por conveniente sobre la existencia de
posibles cláusulas abusivas.
Por la entidad demandante se presentó escrito manifestando que no se ha pactado
interés moratorio alguno sino únicamente intereses remuneratorio con un TAE del 24%
anual que constituye el objeto principal del contrato, de forma clara y comprensible. En la
demanda se ha renunciado a la suma total de las partidas por comisiones de reclamación de
deuda y gastos de seguro, por lo que no se aprecia cláusula abusiva alguna.
Por el demandado D. XXX se presentó escrito manifestando que el interés TAE del
24,71 % es notablemente abusivo, así como las cláusulas que establecen las comisiones por
cuotas impagadas, por lo que las mismas deben ser declaradas nulas.
El Juzgado por medio de Auto de fecha 21 de febrero de 2.017, acordó inadmitir la
demanda de juicio monitorio al no acreditarse deuda vigente alguna, una vez declarada la
abusividad de la cláusula del contrato que establece el interés remuneratorio, con
fundamento en que la citada cláusula que fija un interés remuneratorio del 27,24% no
supera el control de transparencia, ya que ni tipográficamente ni gramaticalmente es
transparente para el consumidor, al no mostrarse en su condicionado particular, único
suscrito en el anverso del contrato, sino en su reverso en letra minúscula, difícilmente
comprensible en su extensión y dicción.
Contra el referido Auto interpone recurso de apelación la entidad demandante
solicitando su revocación y, en su lugar, se admita a trámite la demanda formulada.
SEGUNDO.- Alega la parte apelante que el interés remuneratorio pactado no puede
considerarse abusivo al formar parte esencial del contrato, además de que no resulta
desproporcionado, sin que pueda compartirse de que la cláusula que fija dicho interés no
supere el control de transparencia.
Como se razona en el Auto recurrido, el artículo 4.2 de la Directiva 1993/13 CEE, de 5
de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, establece que
“la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto
principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los
servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que
dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.” Por tanto, una condición
general que regula un elemento esencial del contrato, como el presente es el interés
remuneratorio se halla sometida a la Ley de la Condiciones Generales de la Contratación y
especialmente al requisito de incorporación establecido en el artículo 5.5 de la citada Ley,
de estar redactada ajustándose a los criterios de transparencia, claridad, corrección y
sencillez, de modo que en otro caso podrá ser considerada nula o no incorporada al contrato.
La doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de fechas 9 de mayo de 2.013 y 24 de marzo de 2.015, ha declarado que
el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta,
esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del “error propio” o
“error vicio”, cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por
objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la “carga económica”
que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio
patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la
carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la
asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo. Por lo que
es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de
una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el
contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente
completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato. Por tanto, que las
cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del
contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes
que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y
comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su
contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción
comprensible, objeto de incorporación o inclusión. Supone, además, que no pueden
utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas
con caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o
del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al
adherente medio”.
Del examen del contrato de tarjeta de crédito, acompañado al escrito de demanda
monitoria (folios 17 y 18 de los autos), debe coincidirse con la resolución apelada en que la
cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control
de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del
contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura,
dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo
suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un
adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas.
En consecuencia, debe compartirse la conclusión del Auto recurrido al declarar la
nulidad de la citada cláusula que fija el interés remuneratorio. Ahora bien, lo que no se
comparte es que por ello se inadmita a trámite la demanda de juicio monitorio, por cuanto
de la documental aportada al escrito de demanda se acredita el importe principal adeudado,
ascendente a la suma de 4.621,03 euros, una vez rechazada la cláusula que fija el interés
remuneratorio que se reclama en la demanda ascendente a la suma de 766,64 euros, y el
importe de las comisiones a las que renunció en la demanda la parte actora, conforme al
certificado expedido el 31 de julio de 2.015 (folio 75 de los autos) en que se acredita dicha
deuda.
En consecuencia, procede estimar en parte el recurso de apelación y con revocación del
Auto recurrido, debe proceder el juzgado a admitir la demanda de juicio monitorio por la
cantidad de 4.621,03 euros, a la que asciende únicamente el principal reclamado en la
demanda, requiriendo de pago al deudor por la citada suma.
TERCERO.- En cuanto a las costas de la alzada, la parcial estimación del recurso de
apelación determina que no se haga expresa imposición, a tenor de lo establecido en los
artículos 398-1 y 394-1 ambos de la L.E.C. Debiendo procederse a devolver a la parte
apelante el depósito constituido al formular el recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
LA SALA ACUERDA
Que estimando en parte el recurso de apelación formulado por la representación
procesal de la entidad “Estrella Receivables LTD”, contra el Auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia número Tres de Vila Real en fecha veintiuno de febrero de dos mil
diecisiete, en autos de Juicio Monitorio seguidos con el número 6 de 2.017, debemos
revocar y revocamos la referida resolución y, en su lugar debe proceder el juzgado a
admitir a trámite la demanda de juicio monitorio por la cantidad de 4.621,03 euros, a la que
asciende únicamente el principal reclamado en la demanda, requiriendo de pago al deudor
por la citada suma. Confirmando la resolución recurrida en cuanto declara la nulidad de la
cláusula que fija el interés remuneratorio.
Se acuerda la devolución de la cantidad consignada como depósito para recurrir al
estimar en parte el recurso de apelación.
Notifíquese el presente Auto a la demandante y demandado, informando que contra el
mismo no cabe recurso, y remítase testimonio del mismo, junto con los autos principales al
Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.
Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Poradmin

El Tribunal Supremo establece que los bancos pueden ser sancionados por cláusulas abusivas sin previa sentencia judicial

La Sala Tercera fija como doctrina que la Administración tiene potestad para sancionar en esos casos
Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas. En una sentencia, el Supremo estima un recurso en interés de la Ley presentado por la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo andaluza a Unicaja por cláusulas abusivas.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso, determina que la doctrina que había seguido el Tribunal Superior andaluz es errónea y gravemente dañosa para el interés general, al interpretar no sólo una Ley andaluza sino también el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. El TSJ andaluz entendió que la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la Ley andaluza 13/2003 de Defensa de los Consumidores, cuando tipifican como infracción introducir cláusulas abusivas en contratos como préstamos hipotecarios o de apertura de cuentas y libretas de ahorro, necesita una previa declaración de que la cláusula es abusiva por parte de un Juzgado Civil.

Para el Supremo, “la doctrina que sienta la sentencia recurrida desapodera a la Administración de la potestad sancionadora en la materia de consumidores y usuarios, concretamente en una actividad tan sensible como la introducción de cláusulas abusivas. Dicho de otro modo, cuando la sentencia remite, para la fijación del carácter abusivo de las cláusulas, a una previa declaración de la jurisdicción civil, se está bloqueando la aplicación del catálogo de infracciones que describe el Texto Refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, además de la Ley andaluza citada”.

Recuerda el Supremo que la Ley General para la Defensa de los Consumidores no impone “esa suerte de prejudicialidad civil que se infiere de la sentencia recurrida, para el ejercicio de la potestad sancionadora, toda vez que el ilícito administrativo que castiga, la introducción de cláusulas abusivas, es título suficiente para ejercer la potestad sancionadora”. Ello sin perjuicio, añaden los magistrados, de que, como es natural, la sanción impuesta pueda ser luego impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que será el que se pronuncie sobre la legalidad de la sanción y por ello sobre el carácter abusivo de la cláusula, exclusivamente a esos efectos sancionadores.

El Supremo destaca además que la Directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores tampoco atribuye ese filtro al juez civil para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El tipo de recurso empleado por la Junta, denominado “en interés de la Ley”, tiene la finalidad de impedir que resoluciones judiciales que expresan una doctrina errónea y gravemente dañosa para el interés general, se consoliden y reiteren en casos iguales o semejantes, según explica la sentencia. El Supremo subraya al respecto en su fallo que la doctrina legal fijada ahora por el alto tribunal es la que vincula a todos los jueces y tribunales inferiores en el orden contencioso-administrativo. Por otro lado, en este tipo de recursos en interés de Ley se respeta la situación jurídica particular derivada del fallo de la sentencia recurrida del TSJ andaluz, que anuló la multa de 81.000 euros impuesta a Unicaja Banco por cuatro infracciones muy graves por introducir cláusulas abusivas en diferentes contratos.

Poradmin

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisas por falta de transparencia

La Sala de lo Civil entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar
Autor: Comunicación Poder Judicial
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-la-nulidad-parcial-de-una-hipoteca-multidivisas-por-falta-de-transparencia

NULIDAD PARCIAL DE HIPOTECA MULTIDIVISAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La sentencia adapta la doctrina de la Sala Primera a la jurisprudencia del TJUE, que en el caso Banif Plus Bank (sentencia de 3 de diciembre de 2015) consideró que las operaciones de cambio de divisa, accesorias a un préstamo que no tiene por finalidad la inversión, no constituyen un instrumento financiero distinto del propio préstamo, sino únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste. Dado que la definición de los instrumentos financieros a efectos de la aplicación de la normativa sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el Derecho de la Unión (Directiva MiFID), que los tribunales españoles deben aplicar de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, se concluye que el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores.

Ello no excluye la sujeción de las entidades financieras que conceden estos préstamos a las obligaciones de información que establecen las normas de transparencia bancaria y las de protección de consumidores y usuarios, en los casos en que el prestatario tiene la consideración legal de consumidor.

La sala descarta que las cláusulas multidivisa controvertidas fueran objeto de negociación individual y quedaran por ello excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Se trata de cláusulas que definen el objeto principal del contrato, sobre las que existe un especial deber de transparencia y respecto de las que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos comprendan no solo su contenido formal y gramatical, sino también su alcance concreto y puedan tomar decisiones fundadas y prudentes.

El hecho de que los préstamos multidivisa estén excluidos de la normativa MiFID no significa que no sean un producto complejo a efectos del control de transparencia. La sentencia aplica los criterios de la sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc) y considera que aunque el consumidor medio puede prever el riesgo de un cierto incremento de las cuotas de amortización por efecto de la fluctuación de las monedas sin necesidad de una especial información,

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La Sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

No ocurre lo mismo con otros riesgos asociados a estas hipotecas. En ellas, la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital prestado, lo que determina que, pese al pago de las cuotas de amortización periódica, el prestatario puede adeudar un capital en euros mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo. Incluso aunque se cumpla la obligación de pagar las cuotas, el banco pueda dar por vencido anticipadamente el préstamo si el euro se devalúa, por encima de ciertos límites, sobre la divisa extranjera.

En el caso del recurso, la entidad bancaria no explicó adecuadamente a los prestatarios la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con el euro, que es la moneda en que éstos reciben sus ingresos, ni las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos. Los prestatarios no solo han tenido que abonar cuotas superiores en aproximadamente un 50% al importe de la cuota inicial, pese a la bajada del tipo de interés, sino que además, al haber hecho uso el banco de la facultad de dar por vencido anticipadamente el préstamo ante la imposibilidad de seguir haciendo frente al pago de las cuotas, la cantidad que se les ha reclamado en euros como capital pendiente de amortizar, en el proceso de ejecución hipotecaria, supera significativamente la cantidad que les fue ingresada en su cuenta en euros por la concesión del préstamo.

La falta de transparencia de las cláusulas multidivisa ha generado para los prestatarios un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no pudieron comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos y se ha agravado su situación económica y jurídica. La posibilidad de cambio de divisa prevista en el contrato, aunque supone un cierto mecanismo de limitación del riesgo de fluctuación en los casos de previsible apreciación de la divisa en un futuro próximo, no elimina los riesgos mencionados ni dispensa al banco de sus obligaciones de transparencia en la información precontractual que facilite a sus potenciales clientes y en la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario.

En consecuencia, la sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros. En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

Gabinete Técnico, Área Civil

Noviembre de 2017

 

Poradmin

No se puede convalidar una cláusula suelo nula

Noticia de rtve.es

http://www.rtve.es/noticias/20171027/supremo-confirma-clausula-suelo-abusiva-nula-aunque-haya-acuerdo-posterior-entre-banco-cliente/1630740.shtml

El Tribunal Supremo en una sentencia del pasado octubre ha dictaminado que una cláusula suelo es nula aunque las partes firmaran otro acuerdo estableciendo otras condiciones. Si usted firmó con su banco un acuerdo por el cual renunciaba a reclamar la cláusula suelo a cambio de otras supuestas ventajas, como por ejemplo, que dejaban de aplicársela a partir de determinada fecha, o bien que el interés pasaba a ser fijo, sepa que el Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado 16 de octubre, ha dictaminado que de ninguna manera su puede convalidar por estos acuerdos una cláusula (la de suelo) que ya de por sí es nula. Esto abre las puertas a reclamar a miles de personas que fueron engañadas por su banco por segunda vez para que no pidieran la devolución de lo cobrado de más.

En una sentencia dictada contra Caja España, el T.S. ha dictado que el hecho de que en su día los hipotecados aceptaran una reducción temporal del tipo de la cláusula suelo no convalida la nulidad de esta cláusula desde el principio, ya que la misma se incluyó en el contrato sin que anteriormente la entidad bancaria hubiera informado a los clientes de la existencia de la misma, ya que la oferta vinculante se entregó en el mismo momento de la firma de la escritura, con lo que no tuvieron oportunidad de informarse sobre lo que la misma imponía.

Poradmin

CGPJ, Ministerio de Justicia y CC.AA. estudian hoy la continuidad de los Juzgados de cláusulas suelo en 2018

Noticia de CONFILEGAL 13/11/17

https://confilegal.com/20171113-cgpj-ministerio-justicia-cc-aa-estudian-hoy-la-continuidad-los-juzgados-clausulas-suelo-2018/CGPJ, Ministerio de Justicia y CC.AA. estudian hoy la continuidad de los Juzgados de cláusulas suelo en 2018

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia, se reunen hoy para evaluar el plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio, para hacer frente al previsto aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016, y para estudiar su continuación en 2018.

El pasado 6 de noviembre la Comisión Permanente del órgano de autogobierno de los jueces se reunió con los jueces decanos para este fin. Éstos condicionaron su apoyo a la prolongación del plan de urgencia a que se les provea de más jueces y de más medios materiales y humanos y, sobre todo, de estabilidad en el tiempo.
Y así se lo hicieron saber al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los siete vocales que conforman la Comisión Permanente, y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador de dicho plan.

A la misma asistieron los jueces decanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cáceres, Palma, Valladolid, Bilbao, Santander, Logroño y Toledo.

El pasado mes de febrero, la Comisión Permanente aprobó este plan de urgencia para evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen y no dieran salida a los asuntos de otra naturaleza. Hace cuatro meses informó de que prevé que en el transcurso de un año los juzgados especializados reciban más de 190.000 demandas sobre esta materia, ya que en tan sólo un mes se presentaron casi 16.000.

“UN COMPLETO Y ABSOLUTO FRACASO”

Los jueces decanos, desde ese mes de febrero, se mostraron muy críticos con la implementación del plan de urgencia impulsado por el CGPJ por considerar que no contaba con todos los refuerzos humanos y materiales y la estabilidad necesaria, en el tiempo, para hacer que funcionara.

Recientemente, en el marco de las XXVII Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, éstos dejaron muy clara su posición, cuatro meses después de su entrada en vigor.

“Los Jueces Decanos de España quieren dejar constancia, a día de hoy, 18 de octubre de 2017, que las medias de refuerzo, consistentes en la especialización de Juzgados para el conocimiento de acciones individuales sobre Condiciones Generales de Contratación, está resultando un completo y absoluto fracaso“, dijeron en las conclusiones.

En las mismas se pudo leer que la entrada de asuntos había desbordado todas las previsiones realizadas por el CGPJ, “hasta el punto de que la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con número imposibles de ser manejados por los compañeros que prestan su servicio en dichos órganos y por las oficinas judiciales”, añadían.

Este plan de urgencia fue recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cinco veces.

Poradmin

Caja Rural de Navarra, condenada por eliminar una cláusula suelo a cambio de un tipo fijo

Cláusula suelo a cambio de tipo fijo.

Hipotecas a tipo fijo.

NOTICIA de INTERECONOMIA.COM 10/11/2017 –

Caja Rural de Navarra, condenada por eliminar una cláusula suelo a cambio de un tipo fijo

Caja Rural de Navarra había llegado a un acuerdo con unos clientes para eliminar la cláusula suelo de una hipoteca a cambio de pagar un tipo fijo de interés. La jueza ha anulado este contrato al entender que hubo “vicio en el consentimiento”, es decir, errores por la falta de información.
Una jueza de Bergara (Guipúzcoa) ha anulado un contrato privado propuesto por Caja Rural de Navarra a unos clientes que le pidieron la supresión de la cláusula suelo de la hipoteca que habían suscrito de 240.000 euros, a pagar en 40 años, han informado a EFE fuentes del caso.

El acuerdo accedía a retirar el “suelo” de la hipoteca, con un interés mínimo del 2,75% anual, a cambio de que los clientes aceptaran un tipo fijo y renunciaran tanto a cobrar el dinero abonado de más hasta ese momento por la aplicación de la cláusula, como a ejercer las acciones judiciales contra le entidad bancaria que eventualmente pudieran corresponderles.

La sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, explica que “a la vista de la prueba practicada” en el juicio “no ha resultado acreditado” que los perjudicados “recibieran la información suficiente” sobre este contrato privado, ya que la “oferta” que les hizo la caja “les colocaba en una situación más ventajosa que la anterior, pero en peor lugar que si en ese momento se hubiera procedido a la supresión de la cláusula suelo”.

Foto: estellaciudadcomercial.es

 

La sentencia también anula por “abusivos” otras cinco cláusulas del contrato hipotecario

Además de anular este acuerdo, al entender que existió un “vicio en el consentimiento” otorgado por los clientes, la resolución también anula por “abusivos” cinco apartados de la hipoteca: la referida cláusula suelo; otra de comisiones; una tercera sobre los “gastos a cargo de la parte prestataria”, otra referida al “interés de mora” y una quinta de “resolución anticipada”.

La sentencia anula todos estos apartados y condena a la Caja a abonar a los afectados “la cantidad que haya percibido” por la aplicación de la cláusulas suelo y la de comisiones, así como la mitad de los gastos de constitución de la hipoteca, además de la totalidad de los impuestos que abonaron no estando obligados. Cantidades todas ellas incrementadas con sus correspondientes intereses legales. En cuanto a la cláusula de intereses de mora, la jueza determina que deberá realizarse una nueva liquidación de intereses, “aplicando el tipo de interés vigente en cada momento”.

Poradmin

Abogados de familia reclaman una legislación nacional sobre custodia compartida

La petición de la custodia compartida de los hijos, que los jueces españoles ya otorgan en el 28,3 % de los casos, se ha incrementado de forma progresiva en los últimos diez años.

NOTICIA DE “EUROPA SUR” 10 Noviembre, 2017

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, ha reclamado hoy la necesidad de que España se dote de una legislación nacional sobre custodia compartida, para evitar las diferencias que actualmente existen entre distintas comunidades autónomas e incluso provincias.

Los obstáculos para acordar la custodia compartida de los hijos en caso de divorcio o separación de los padres son uno de los asuntos que hoy abordan cerca de 300 abogados y jueces de todo el país en una jornada que se celebra en Cádiz, organizada por la AEAFA.

La petición de la custodia de los hijos compartida, que los jueces españoles ya otorgan en el 28,3 % de los casos, se ha incrementado de forma progresiva en los últimos diez años, conforme han cambiado los roles de las mujeres y los hombres en el ámbito laboral, social y familiar.

“Hace una década era inusual que se hablase de custodia. Salvo en casos excepcionales, la custodia siempre era monoparental y en el 99 por ciento de los casos se adjudicaba a la madre, porque tradicionalmente era la que se había encargado del cuidado de los hijos”, señala la presidenta de la asociación.

La evolución social ha llevado a que padres y madres divorciados reclamen ahora con mucha mayor frecuencia la custodia compartida de los hijos en sus procesos de divorcio o separación, y, actualmente, la respuesta de los jueces a esta demanda puede variar en función del territorio en el que vivan.

“El Tribunal Supremo en los últimos cuatro años ha apostado claramente por establecer que es el sistema más conveniente”, ha explicado María Dolores Lozano.

Sus sentencias en este sentido “han ido sustituyendo la labor del legislador, porque no hay una ley sobre la materia” y han tenido “un efecto dominó” y hecho “una labor de concienciación”, ha añadido.

El Código Civil habla de la custodia compartida, pero, a juicio de la presidenta de la (AEAFA), se necesita una legislación nacional que desarrolle su aplicación en aspectos como el uso de la vivienda o las pensiones compensatorias.

Mientras que algunas comunidades autónomas sí han desarrollado sus leyes en este aspecto, pero los profesionales reclaman una norma estatal.

De hecho, según ha afirmado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja actualmente en el desarrollo de un proyecto legislativo.

“Necesitamos una ley para unificar los criterios” ha señalado la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, que aglutina a 1.800 abogados especializados de toda España.

Esta norma evitaría que la situación de los procesos dependiera de las comunidades autónomas y que hubiera diferencias entre lugares en los que se concede en un quince por ciento de los casos en los que se reclama y los que siguen más la doctrina del Tribunal Supremo y se otorga en un cuarenta por ciento de las peticiones.

“Hay comunidades más avanzadas, como Cataluña, que tiene un Código Civil propio y tiene completamente desarrollado el asunto de las custodias compartidas, que se otorgan bastante, o Baleares, que no tiene ley propia, pero es muy progresista a la hora de establecerla y la concede en un 40 por ciento de los casos en los que se solicita a través de un procedimiento judicial”

Galicia y Castilla y León estarían entre las comunidades que menos custodias compartidas conceden.

“Se conceden menos sobre todo en comunidades y provincias donde no hay juzgados de familia. Cádiz, por ejemplo, no tiene juzgados de familia y eso es un abandono total, porque se necesitan juzgados especializados, con una fiscalía especializada, equipos psicosociales y de mediaciones”.

Que no los haya es, a juicio de la presidenta de la asociación, una “discriminación” porque “no es lo mismo que un divorcio sea atendido por un juez especializado, en un juzgado con infraestructura, que por un juez que trata lo mismo un desahucio que un procedimiento de familia”.

Aun así la abogada explica que en éste ámbito “no hay fórmulas mágicas” porque “la custodia compartida no se puede dar en todos los casos ni de forma automática”, “no hay dos casos iguales” y en conflictos familiares “no todo se puede resolver en un juzgado”. EFE

Poradmin

Gastos hipotecarios

Noticia de EXPANSIÓN.COM
POR R. Lander – Madrid
Actualizado: 08/11/2017 10:06 horas

Hasta la fecha, un total de 18 audiencias provinciales han declarado nula, por abusiva, la cláusula que obliga a trasladar el 100% de estos costes al consumidor.

El volumen de reclamaciones de devolución de gastos hipotecarios (notario, registro y gestoría) de los consumidores va cogiendo vuelo y las sentencias están dando la razón mayoritariamente al cliente. Según los abogados consultados, en más del 90% de los casos los juzgados declaran la nulidad de esta cláusula por su carácter abusivo. “La estimación es prácticamente unánime. Lo único que varía es si se trata de la devolución íntegra o parcial de los gastos”, señala Eugenio Ribón, socio fundador de Ribón y Asociados y expresidente de la sección de consumo del Colegio de Abogados de Madrid.

El importe medio para una hipoteca tipo son unos 3.000 euros. El 70% de la factura corresponde al impuesto IAJD. Excluido el impuesto, unos 1.000 euros.

El origen

El desencadenante de esta avalancha de demandas fue una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, emitida sobre una hipoteca de BBVA, que declaró abusivo que el banco repercutiera íntegramente estos costes al consumidor. Sin embargo, el fallo era vago respecto al reparto de estos gastos. Decía que deben distribuirse de una forma “equitativa”. El sector bancario está a la espera de un pronunciamiento del alto tribunal en los próximos meses para aclarar este punto.

Desde dicho fallo, un total de 18 audiencias provinciales han fallado en firme en contra de la banca. Es imposible obtener una estadística similar referida a los fallos de juzgados de primera instancia, puesto que con frecuencia sus sentencias no son recogidas ni en bases de datos comerciales, ni en el Centro de Documentación Judicial. Desde junio, la mayoría de los casos de gastos hipotecarios los están llevando aquellos juzgados que se han designado exclusivamente para estudiar demandas por cláusulas suelo.

Según la asociación de consumidores Asufin, existen alrededor de 8.000 demandas en curso. La casuística de fallos es enorme. Durante el verano llamó especialmente la atención una sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Santander que condenó a Liberbank a reembolsar al cliente todos los gastos asociados, incluso el coste de la tasación de la vivienda. El fallo lo tildó como un servicio “accesorio” y que “interesa al banco”.

Más información sobre demandas a bancos por gastos hipotecarios en nuestra web: http://www.demandasbancarias.com

Poradmin

La nueva ‘estafa’ político-bancaria… en defensa del consumidor: hipotecas a tipo fijo

Noticia de Hispanidad.com (7/11/2017)

La nueva ‘estafa’: hipotecas a tipo fijo
  • Ya se están ‘normalizando’ a partir del 3%.
  • La nueva ley de crédito inmobiliario, impulsada por Guindos, favorece este tipo de hipotecas.
  • Al final, lo que va a lograr es que se dispare el precio de esos préstamos.

La banca lo tiene clarísimo: con los tipos de interés cerca del 0% y el euribor en negativo, el negocio hipotecario no funciona. No deja ningún margen o es tan pequeño que el esfuerzo no merece la pena. Para que se hagan una idea, el tipo medio de las hipotecas en España, según Funcas, fue del 1,3% en 2016, frente al 2,6% de la zona euro. Y es que, mientras en España el 49% de las hipotecas son a tipo variable, en la zona euro no superan el 15%. Pero tranquilos, porque eso se acabó. A partir de ahora las hipotecas serán a tipo fijo, y punto.

Ahora bien, la nueva estrategia no se puede presentar así. ¿Se imaginan? Como no ganamos dinero con las hipotecas a tipo variable… Eso sería un suicidio. Por eso, las entidades le han dado la vuelta al argumento: ahora, lo mejor para los clientes son las hipotecas a tipo fijo. Porque si bien es cierto que ahora el euribor está en negativo, lo normal es que suba, sobre todo después de tantos años marcando mínimos históricos.

Y el tipo fijo ya se está ‘normalizando’ a partir del 3%. El dato no es baladí. ¿Cuánto tendrían que subir los tipos de interés para que realmente mereciera la pena contratar una hipoteca al 3%? Mucho. Y visto el ritmo del BCE -y de la FED- para subir los tipos, no nos equivocamos si afirmamos que hasta que lleguen al entorno del 3% pueden pasar muchos años, si antes no ocurre alguna catástrofe.

Ahora bien, con el fijo también arriesga el prestatario. Porque, qué pasa si dentro de veinte años -muchas hipotecas se firman a treinta o cuarenta años- el euribor está en el 150%? Sería la ruina para ellos.

En cualquier caso, no son sólo los bancos. El Gobierno, concretamente el ministro de Economía, Luis de Guindos, está empeñado en promover el tipo fijo en estos préstamos, no por nada, sino como respuesta a las reclamaciones que siguen azotando al sector (cláusulas suelo, desahucios, multidivisa…).

Guindos no quiere más contratiempos, y menos ahora que la economía parece recuperarse. Menos mal que está BBVA Research para recordarle al ministro que no vamos a crecer tanto: el 3,1% y el 2,5% en 2017 y 2018 respectivamente, en lugar del 3,3% y el 2,8%.

Sea como fuere, Guindos no quiere líos y con esa finalidad ha sacado adelante la ley de crédito inmobiliario que favorece las hipotecas a tipo fijo, carentes de suelos y demás cláusulas. Pero la nueva ley disparará el precio de las hipotecas.

De hecho, ya se ha puesto de moda alquilar.

Pablo Ferrer
pablo@hispanidad.com