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Abogados especialistas en accidentes de tráfico y cláusulas suelo

Monthly Archive noviembre 2017

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Cláusulas suelo: el Colegio de Abogados de Málaga pide que se suprima el juzgado único creado para enjuiciarlas

Noticia de Cadena Ser Málaga (6/11/2017)

http://cadenaser.com/emisora/2017/11/06/ser_malaga/1509978494_152165.html

Considera que no ha funcionado el plan del órgano de gobierno de los jueces para solucionar la avalancha de demandas contra las entidades bancarias

Málaga, abogados, clausula suelo, CGPJ, juzgado: El Colegio de Abogados pide que se suprima el juzgado único para clausulas suelo en Málaga
 

El Colegio de Abogados de Málaga solicita al Consejo General del Poder Judicial la eliminación del juzgado único de cláusulas suelo ante su ineficacia ya que, lejos de solucionar el problema, aseguran, ha agravado considerablemente la situación

Asegura el órgano de representación de los letrados, tras los primeros meses de funcionamiento se ha demostrado la incapacidad de esta medida, de modo que se han presentado más de 2.100 demandas sin que se haya celebrado actuaciones judiciales relevantes en los procedimientos presentados.

El documento remitido por el Colegio de Abogados de Málaga señala que se ha podido constatar que el mencionado plan de urgencia, en lugar de agilizar la tramitación de estas reclamaciones, ha provocado el efecto contrario, agravando considerablemente la situación.

Ante esta realidad, el Colegio de Abogados pide al Consejo General del Poder Judicial que suprima el plan y vuelva a aplicarse el principio de juez natural con reparto ordinario de las demandas por cláusulas suelo.

Ante esta realidad, la Junta de Gobierno ha acordado solicitar al CGPJ que adopte las medidas necesarias para que se suprima el mencionado plan, de modo que vuelva a aplicarse el principio de juez natural con reparto ordinario de las demandas por cláusulas suelo.

El Colegio de Abogados ya dirigió un oficio a diversas instancias judiciales el pasado mes de mayo mostrando su oposición a la puesta en marcha del juzgado único, previendo que sería claramente insuficiente para atender todas las demandas que se producirían.

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El TS obliga a la banca a pagar las costas en los juicios perdidos por las cláusulas suelo

Noticia de El Confidencial de 6/7/2017

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2017-07-06/clausulas-suelo-hipotecas-clausulas-abusivas-tirbunal-supremo-tjue_1410711/

El alto tribunal entiende que el consumidor sale perjudicado cuando un banco no es condenado a costas en los casos en los que pierde un juicio por las cláusulas suelo

Foto: Foto: EFE.
Foto: EFE.

Nuevo revés judicial contra la banca. La Sala I del Tribunal Supremo acaba de establecer, como criterio general, que los bancos condenados por cláusulas suelo abusivas tienen que pagar las costas judiciales de las dos primeras instancias. El alto tribunal entiende que el consumidor sale perjudicado cuando un banco no es condenado a costas en los casos en los que pierde un juicio por las cláusulas suelo, y que, al tener este que pagar los gastos derivados del procedimiento judicial se produce un efecto disuasorio, “no para que los bancos dejaran de incluir las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios sino para que los consumidores no
promuevan litigios por cantidades moderadas”.

Es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre la imposición de costas de las instancias anteriores tras la estimación del recurso de casación interpuesto por un particular, “con la consiguiente obligación de restitución de la totalidad de las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula suelo declarada nula, con completo efecto retroactivo, tras ajustar la sala su doctrina a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE]“, señala en una nota.

 “La sentencia aborda la cuestión de la imposición de costas sustancialmente desde el principio de efectividad, toda vez que el cambio de jurisprudencia de la sala se basa esencialmente en el pronunciamiento de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (Gutiérrez Naranjo), que a su vez se funda en el derecho de los consumidores a no estar vinculados por una cláusula abusiva. La norma general en la imposición de costas es el principio de vencimiento, de modo que la no imposición de costas al banco demandado supondría en este caso la aplicación de una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor. Si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso, para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas”.

Y añade el Tribunal Supremo que “la actividad procesal del banco demandado pretendió, más allá de invocar a su favor la anterior doctrina jurisprudencial, intentar su suspensión por prejudicialidad civil, negar por completo la obligación de restitución, y oponerse a la admisión antes y después de tener conocimiento del contenido de la STJUE de 21 de diciembre de 2016”.

Quiere evitar que otros afectados decidan no acudir a los tribunales por cantidades poco significativas

El fallo concreto, que marca el criterio general a seguir en todos los casos, se centra en una hipoteca que fue firmada en el año 2009 con CaixaBank. Dicha hipoteca incluía una cláusula suelo del 4% y un techo del 9,5% que limitaban la variación de la cuota que paga el consumidor frente a las variaciones del euríbor. El Supremo ha estimado, por tanto, el recurso interpuesto por un cliente de esta entidad contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que declaró la nulidad de la cláusula aunque eximió a la entidad del pago de costas en junio de 2015.

Sin embargo, la decisión del TJUE, que el pasado diciembre concedió la plena retroactividad a todos quienes suscribieron un contrato hipotecario de tales características, abría una nueva vía a los perjudicados para que estos solicitaran el reintegro de las cantidades abonadas de más de forma indebida.

El alto tribubal afea que el banco pretendiera, más allá de invocar a su favor la anterior doctrina del Supremo, vigente hasta el pasado febrero y que establecía como límite temporal para reclamar el 9 de mayo de 2013, “intentar la suspensión de recurso y negar por completo la obligación de restitución”.

En su voto particular, los magistrados José Antonio Seijas, Ignacio Sancho Gargallo y Eduardo Baena Ruiz aseguran aceptar la sentencia, si bien discrepan de la decisión en tanto que la completa retroactividad tuvo un “carácter sobrevenido”. Además, descartan que la entidad cayera en la “desidia” que le reprochan el resto de jueces en tanto que esperó, “como es lógico”, a que la sala se pronunciara acerca del recurso y dejara sin efecto la sentencia previa “para dar inmediato cumplimiento y devolver las cantidades correspondientes”.

Razones por las que, concluyen, existen “serias dudas de derecho” que sirvan para avalar esta condena adicional, extensible al resto de bancos que comercializaron hipotecas bajo tal clausulado.

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¡Maldita cláusula suelo!

Artículo de opinión publicado en Andaluciainformación.es   (5/11/2017)
http://andaluciainformacion.es/acento-andaluz/713275/maldita-clausula-suelo/
Fernando P. Monguió
05/11/2017 22:27

Más de 3,5 millones de hipotecados se sienten en España decepcionados con su banco, estafados por los directores o trabajadores que les atendieron, y defraudados en su gran mayoría por la negativa posterior de estas entidades a reconocer sus engaños y sus abusos. Andalucía es la comunidad con más perjudicados: 630.000 que deberían recuperar una media de 8.000 euros. Después de años de clamor sin respuesta, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó la retroactividad total y las entidades financieras fueron instadas a devolver todo lo cobrado indebidamente desde que sus clientes firmaron el contrato hipotecario sin saber que tenían clausula suelo o sin conocer las consecuencias onerosas para sus bolsillos.

Sin embargo, en un alarde de trilerismo, los bancos se han refugiado en toda clase de subterfugios y triquiñuelas para negar a la gran mayoría de estafados la devolución de las cantidades que nunca debieron pagar de más. A reclamaciones pertinentemente cumplimentadas y exquisitamente argumentadas por abogados, las entidades han contestado con respuestas escuetas y frías: “Realizado el análisis pertinente de su solicitud, resulta que en su caso concreto no resulta que se cumplan todos los requisitos anteriormente detallados”. Un ejemplo palmario de cómo algunas firmas están respondiendo sin documentar su negativa. Otra de las principales críticas de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) es que hay entidades que dejan la carga de la prueba en el afectado al reclamar al cliente que sea él quien justifique por qué cree tener derecho a recuperar el dinero que se le ha cobrado.

En definitiva, los bancos prolongan la agonía de muchos hipotecados que depositaron en sus manos mucho más que dinero, sin calibrar, en su justa dimensión, que con su terquedad y engaño permanente han quebrado el principio de confianza y respeto de sus clientes, a los que no han dejado más camino que denunciarlos ante los tribunales. Espero que más pronto que tarde, los bancos tengan que abonar todo lo que nunca debieron ingresar, pero eso ya no les despojará del descrédito de credibilidad que se han ganado a pulso despreciando a sus clientes con tal de seguir presentando pingües beneficios.

Así las cosas, entiendo el lógico escepticismo que ha despertado en las organizaciones de consumidores el proyecto de reforma hipotecaria aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que obliga a los bancos a advertir de la inclusión de cláusulas sensibles y de sus consecuencias. Es, en definitiva, el reconocimiento explícito de la culpa financiera. Sin embargo, a los hipotecados les aguarda todavía un largo y tortuoso camino judicial. Por todo ello:¡Maldita cláusula suelo y malditos bancos!

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El banco solo podrá ejecutar la hipoteca si el cliente deja de pagar entre 9 y 12 cuotas (EL PAIS, 4/11/2017)

 

https://elpais.com/economia/2017/11/03/actualidad/1509719654_353318.html

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario. Esta legislación, que todavía ha de ser votada en el Congreso, tiene el objetivo de “reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la transparencia”, sostiene el Ministerio de Economía. En ella se fijan condiciones más difíciles para desahuciar: hacen falta entre 9 y 12 cuotas impagadas, frente a las tres actuales. También se abaratan los reembolsos anticipados de la hipoteca; se facilita el cambio de tipo variable a fijo; se obliga a firmar ante notario que se entiende todo el contrato y se exige al banco ser más transparente con los productos que incluye en la hipoteca como los seguros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Julián Rojas EL PAÍS

Economía explica que tiene los apoyos para tramitarla de Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV, es decir: suficientes para ratificarla en Cortes sin el PSOE. “Vemos positivo que los notarios y registradores refuercen la transparencia y que se facilite el cambio a tipo fijo”, comenta Francisco de la Torre, de Ciudadanos. Por su parte, Pedro Saura, del PSOE, sostiene: “A nuestro partido no le gusta que deje mucha discrecionalidad a manos del Ministerio, que sea desequilibrada a favor de los bancos y que no se plantee la dación en pago o un límite al préstamo que se concede en función del valor de la vivienda”.

El texto legal establece requisitos más duros para los desahucios. En lugar de que con tres impagos el banco tenga suficiente para iniciar el proceso de ejecución de la vivienda, tendrán que darse nueve impagos o una cuantía morosa que alcance el 2% del capital del crédito durante la primera mitad de vida del préstamo. En la segunda mitad, el impago podrá ascender a doce cuotas mensuales o el 4% del dinero concedido. En los primeros borradores, las condiciones eran más favorables para el usuario y podían llegar hasta un impago del 5% del préstamo. Sin embargo, este finalmente ha quedado más reducido. Se trata de una concesión a los bancos que el Ministerio de Economía justifica porque también es necesario fomentar una cultura del pago y un equilibrio entre las partes. Esta posibilidad se aplicará con carácter retroactivo una vez se haya aprobado el proyecto, pero no valdrá para aquellos clientes cuyo embargo ya se haya iniciado cuando entre en vigor la ley.

 Los intereses de demora (aquellos que se pagan como recargo cuando las cuotas se abonan fuera de plazo) serán como máximo tres veces el interés legal del dinero, lo que significa que tendrán un techo del entorno del 9% si se atiende al tipo fijado en los Presupuestos de 2017.

Otra novedad es que se abaratan las comisiones de amortización anticipada del préstamo hasta eliminarlas a partir de los tres o cinco años de vigencia del contrato, según se haya pactado. Si se pactan cinco años, en ese tiempo el cliente tendrá que abonar un 0,25% del capital reintegrado anticipadamente. Si se acuerda con el banco tres años, la comisión será del 0,50% durante ese periodo. “En la actualidad, estos porcentajes son del 0,50% de lo amortizado anticipadamente, si esta se produce dentro de los cinco primeros años de vida del contrato, o del 0,25% si se produce en un momento posterior”, subraya el Ministerio de Economía.

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Para los préstamos a tipo fijo, los porcentajes máximos que establece el proyecto serán del 4% de la cuantía anticipada si esta se devuelve en los 10 primeros años, y del 3% si se hace el desembolso anticipado más adelante. “En la actualidad no existe límite legal alguno para los préstamos a tipo fijo”, recalca Economía. Este nuevo marco de reembolso anticipado solo afectará a las hipotecas que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la ley.

La nueva ley también facilitará el cambio de una hipoteca variable a otra fija. Resulta difícil que una entidad acepte esta renovación del crédito, pues en las hipotecas variables el riesgo de subida de tipos se transmite de inmediato al cliente con el repunte del euríbor. En cambio, para una hipoteca fija el banco tiene que cubrirse de los riesgos a muchos años, y eso tiene un coste mayor. Así que en el fondo lo que hace el Ministerio de Economía es allanar el camino para cambiar a un banco que ofrezca el tipo fijo, fomentando la competencia entre entidades. Para ello, abaratará las comisiones de cancelación y los aranceles notariales y registrales. Las comisiones por conversión se suprimen a partir del tercer año. Y hasta entonces solo podrán ser del 0,25% del capital pendiente. En estos momentos “más del 90% de los préstamos para vivienda están a tipo variable” y los tipos “no van a permanecer siempre en negativo”, ha destacado el titular de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Esta herramienta se podrá utilizar en los préstamos ya concedidos cuando se apruebe la norma.

Además, el Gobierno obligará a que los hipotecados firmen ante notario que entienden los riesgos y condiciones del crédito. En una primera fase precontractual, el cliente hipotecario tendrá que recibir una ficha normalizada con las principales características del contrato y otra con advertencias en las que se recogen las cláusulas sensibles o potencialmente opacas, como las cláusulas suelo, las condiciones de amortización anticipada, el detalle de los gastos previos o el funcionamiento de las multidivisas. Ahí se tendrá que precisar el reparto de costes de la hipoteca entre el banco y el prestatario. También “habrá un contrato estándar de hipotecas que no genere dudas”, ha señalado el ministro de Economía, si bien este será de uso voluntario por parte de la banca.

En el caso de una hipoteca con interés variable, el banco tendrá que incluir una simulación con diversos escenarios de evolución de los tipos. El notario tendrá que acreditar que el hipotecado tiene toda la información y entiende los riesgos que conlleva el préstamo, lo que luego hará mucho más difícil que prosperen las reclamaciones judiciales. Esta primera visita al notario que elija el cliente será gratuita y durante los siete días previos a la firma. Cuando se suscriba definitivamente la hipoteca, los notarios y registradores prohibirán cualquier contrato que contenga cláusulas declaradas abusivas, según figuren en un registro de sentencias que ya existe solo para las del Supremo pero que ahora se ampliará a todas. “Las sentencias judiciales ponían de manifiesto la necesidad de transparencia”, ha declarado Guindos. Dicho esto, el Ministerio añade que en cualquier caso no se restringe de ningún modo el derecho a la tutela judicial.

El proyecto de ley prohíbe la venta de productos vinculados a la hipoteca, a menos que los autorice expresamente el Banco de España mediante una circular porque favorezca al consumidor. Por el contrario, sí que permite que se oferte la combinación de la hipoteca con otros productos como, por ejemplo, los seguros. Sin embargo, la entidad tendrá que hacer un ejercicio de transparencia y presentar dos presupuestos: uno sin productos asociados y otro con ellos, incluyendo de forma explícita sus costes.

El Gobierno prohibirá que las entidades retribuyan a sus trabajadores en función del número de hipotecas concedidas, lo que supuso un incentivo perverso para alimentar la burbuja de crédito que precedió a la crisis.

Por último, el proyecto de ley ofrece la posibilidad de que los prestatarios consumidores puedan cambiar su hipoteca en una divisa extranjera a la moneda nacional, un derecho que según el Ministerio no se reconocía antes.

Esta nueva legislación no solo se aplica a los consumidores. También se extiende a los autónomos.

La banca se ha manifestado en diversas ocasiones en contra de esta nueva legislación. Básicamente, sostiene que puede restringir y encarecer la concesión de crédito hipotecario.